Campos electromagnéticos y salud: efectos inquietantes, una polémica que no cesa


 

PEDRO COSTA MORATA, (Águilas, 1947) es ingeniero, sociólogo y periodista. Fue uno de los fundadores del movimiento ecologista en España. Galardonado con el Premio Nacional de Medio Ambiente, en 1998, es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, donde imparte Ciencia, tecnología y sociedad.

Por PEDRO COSTA MORATA.(Águilas, 1947) Es ingeniero, sociólogo y periodista. Fue uno de los fundadores del movimiento ecologista en España. Galardonado con el Premio Nacional de Medio Ambiente, en 1998, es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, donde imparte Ciencia, tecnología y sociedad.


 

Lejos de apaciguarse con el tiempo, la inevitable adaptación ciudadana y la marcha implacable de la llamada sociedad de la información, la inquietud procedente de la presencia ubicua y creciente de los campos electromagnéticos se regenera y recrece, constituyendo una causa persistente de agitación social y un motivo fecundo de confrontación científico-técnica (así como un quebradero de cabeza para políticos, instituciones y tribunales).

Mientras que las luchas electromagnéticas motivadas por la presencia de líneas eléctricas de alta tensión y transformadores se apacigua, debido a que ambas instalaciones pueden alejarse de zonas pobladas y blindarse con cierta facilidad, las radiaciones con origen en la telefonía móvil y las innumerables aplicaciones inalámbricas que tienen que ver con la información y la comunicación lo invaden todo, incrementando día a día la recarga energética del ambiente en el que vivimos, trabajamos o deambulamos. Esta segunda faceta crítica viene encontrando una contundente respuesta de la parte de irreductibles asociaciones de padres de alumnos (aunque son las madres las que, casi siempre encabezan la lucha), debido a que incluso la legislación española declara “zona sensible”, desde el punto de vista electromagnético, a los espacios educativos, para cuyos entornos prescribe que deberán “minimizarse los niveles de exposición” a estas radiaciones.

“La Comisión Europea está en manos de implacables “lobbies” creados por las operadoras de telecomunicaciones para su defensa y tranquilidad”

La base científico-técnica de la polémica sigue estando donde estaba, con independencia de la legislación que, en el caso de España, surgió a presión en los años 2001-2002, sin que haya influido a aplacar la agitación. Esta legislación sigue teniendo como referencia los conservadores textos europeo-comunitarios, que no han superado el nivel de la “recomendación”, estando como está la Comisión Europea en manos de implacables lobbies creados por las operadoras de telecomunicaciones para su defensa y tranquilidad.

Resumiendo, diremos que la “ciencia institucional” (asentada en la política, la universidad o la empresa) descarta que las radiaciones del nivel de la telefonía móvil y otras, por debajo del nivel de ionización, establecido en 12,4 electrón-voltios de energía, induzcan en humanos efectos fisiológicos sensibles o preocupantes (no reversibles, en suma, tipo tumor o cáncer). El resultado, traducido en la legislación europea y española, es que los umbrales de exposición establecidos como inocuos llegan hasta los 450 microvatios por centímetro cuadrado de densidad de potencia medida en el ambiente, que es un nivel altísimo, hasta el punto de que no se constata ningún caso en que se alcance. Mientras tanto, el debate se desarrolla, sin que parezca próximo su final, entre las posiciones de tipo fisicista y las de tipo biologicista, es decir, entre quienes consideran que el establecimiento empírico y matemático del nivel de ionización (esos 12,4 electrón-voltios citados) marca sin discusión lo que puede o no generar afecciones carcinógenas, y quienes subrayan que también aquí la Física desconoce la Biología, es decir, que las consideraciones sobre la materia abiótica ignoran y contradicen lo que la vida aporta y demuestra.

“San Sebastíán, Vitoria, las Juntas de Guipúzcoa y el Parlamento Vasco han pedido que se aplique la recomendación del Consejo de Europa, entrando en conflicto con el Gobierno español”

Pero, desde el año 2000, la “ciencia independiente”, crítica, viene desafiando estas posiciones oficiales (conservadoras hasta el ridículo) y pide que esos niveles se reduzcan nada menos que en 4.500 veces, es decir, hasta el umbral de 0,1 microvatios por centímetro cuadrado. Con el resultado, espectacular y esperanzador, de que el Consejo de Europa (ajeno, como se sabe, a las instituciones comunitarias) ha tomado cartas en el asunto emitiendo una resolución de su Asamblea Parlamentaria, la 1.815, del año 2011, en la que señala las “graves deficiencias” en que se asienta la base científica de las medidas de protección ante los campos electromagnéticos de nivel no ionizante, y por eso recomienda que se establezcan en 0,1 microvatios por centímetro los umbrales de exposición, para reducirse aún más, a medio plazo, hasta llegar a los 0,01 microvatios por centímetro cuadrado.

Lo cual eleva considerablemente las perspectivas de la polémica científico-tecnológica y de la lucha social, ya que los sectores críticos se han lanzado, comprensiblemente, a enarbolar este texto del Consejo de Europa como referencia de calidad para que se generalice la reducción de la exposición a los campos electromagnéticos. Ahí tenemos, por ejemplo, los ayuntamientos de San Sebastián y Vitoria, así como las Juntas de Guipúzcoa y hasta el Parlamento Vasco, que han pedido formalmente que se pongan los medios necesarios para que la recomendación del Consejo de Europa sea de aplicación en sus territorios; lo que entra en conflicto directo e inmediato con el Gobierno español, que insiste y advierte que la normativa en este ámbito es su competencia exclusiva.