La indefensión de los afectados españoles por la talidomida


Un recorrido por los razonamientos de la sinrazón jurídica española


Por:  Rafael Basterrechea, vicepresidente de AVITE (Asociación de Víctimas de la Talidomida en España)


Hoy nos toca hacer un balance y recorrer el camino judicial de la historia española de la Talidomida. Cinco largos años para el sinsentido, la sinrazón y la vergüenza de un sistema que todos creíamos justo, antes de formar parte de su voraz locura.

Allá por 2011, la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (AVITE) demandaba ante el juzgado de lo civil a la empresa farmacéutica alemana Grünenthal, por ser la inventora, fabricante, distribuidora y vendedora en España de la Talidomida que había causado malformaciones connatales severas a un número indeterminado de españoles, causando su muerte o condenándolos a una vida de dependencia y frustración. Por fin, después de 8 años (2003) de reuniones con el Gobierno, obtuvimos una serie de reconocimientos oficiales que nos abrían el camino a los derechos judiciales.

“En el 2013, un juzgado de Madrid emitió una sentencia histórica condenando a Grünenthal a indemnizar a las víctimas de la Talidomida”

En el año 2013, el Juzgado de 1ª Instancia nº 90 de Madrid a través de su Magistrado la Juez Doña Gemma Susana Fernández Díaz emitía una sentencia histórica en el mundo entero; por fin un país tenía la independencia judicial suficiente como para condenar al Grunenthal S.A. a indemnizar a las víctimas de su macabramente famosa Talidomida. Tenía que pagar 20.000 € por cada punto porcentual de discapacidad ocasionada (Ejemplo: 65% de discapacidad, 1.300.000 €) Era, literalmente, la compensación solicitada por AVITE, y la Juez había considerado culpable a Grunenthal de todos los cargos, lease: “Vender Talidomida en España”, “Mantenerla en el mercado más tiempo que en el resto del Mundo”, “Intentar ocultar a médicos y farmacéuticos españoles el porqué de su retirada en otros países”, etc. Graves acusaciones, pero que habían sido tan demostradas y contrastadas que se consideraron probadas.

“La Audiencia Provincial de Madrid consideró, sin embargo, que “todo” estaba ya prescrito”

Grunenthal recurre la sentencia histórica a la Audiencia Provincial de Madrid, la cual considera todos los hechos probados, pero estima que la circunstancia misma de la demanda, o sea, el daño causado, las malformaciones, las muertes, están prescritas, y que las víctimas deberíamos haber demandado antes. Increíble, pero cierto. Esta sentencia se dicta en Octubre de 2014.

“El mismo Estado que nos ocultó las causas de nuestras muertes y malformaciones, 60 años más tarde nos dice que debimos denunciar antes”

En esta ocasión, es Avite quien recurre la sentencia al Tribunal Supremo, argumentando la “no prescripción” de los hechos por desconocimiento de las víctimas, ocultado por el Sistema Nacional de Salud, de que hubiéramos podido serlo. Paradójico, que el mismo Estado que nos ocultó la causa de nuestras muertes y malformaciones, casí 60 años más tarde, nos diga que deberíamos haber demandado antes. En Octubre de 2015, el Tribunal Supremo da la razón a la Audiencia Provincial de Madrid, y, por tanto, a Grunenthal, considerando los delitos “probados”, pero “prescritos”. Sigue el sinsentido institucional.

“El Tribunal Constitucional deja libre de toda responsabilidad, y para siempre, a la empresa que ocasionó la muerte o mutilación de cerca de 3.000 españoles”

En Marzo de 2016, Avite recurre la sentencia al Tribunal Constitucional, y éste no admite ni siquiera a trámite el recurso de amparo solicitado por Avite en Julio de este mismo año, quedando libre de toda responsabilidad, y para siempre, la empresa responsable de ocasionar la muerte y mutilación de cerca de 3.000 españoles. Ya sólo queda el recurso por parte de la fiscalía, que esperamos en Septiembre de este año (2016), pero con nula esperanza de éxito, pues la inadmisión del T. Constitucional, en sí misma, es una pre-sentencia negativa, para no animar a recursos a nadie, como avisando de lo que sucederá si se recurre.   

“El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo podría condenar, pero ya sólo al Estado español; Grünenthal queda libre”

Sólo queda ya el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y nada más. Este tribunal, en todo caso, podría (caso de ganar) establecer una sentencia condenatoria, pero ya sólo al Estado español (Grünenthal queda libre) al que podría condenar a pagar una indemnización de la cuantía que considerase, incluso muy por debajo de la solicitada por Avite. O, igualmente, desestimar la demanda, y con ello poner punto y final a la mayor catástrofe farmacológica de la historia de la humanidad con un coste nulo para la empresa alemana causante de los daños.

Es muy fácil que los lectores no puedan comprender el porqué de una sentencia tan clara y manifiestamente injusta, y este humilde afectado, a la par que Vicepresidente de Avite, quiere intentar explicar con racionalidad, aquello que es irracional, y lo quiere hacer de la forma más sencilla y comprensible posible.

“Cualquier ciudadano español hubiera podido exigir una indemnización de 20.000 euros por cada punto de discapacidad ocasionada por un medicamento o error médico”

Si Avite hubiera ganado esta sentencia, desde ese instante, cualquier ciudadano español víctima de un efecto secundario de un medicamento, o de un error médico de cualquier tipo, hubiera podido exigir una indemnización de 20.000 € por cada punto porcentual de discapacidad que ese efecto, o negligencia le hubiera causado, argumentando la jurisprudencia que hubiera creado la sentencia de la Talidomida. Generando unas compensaciones inmediatas y millonarias para todas y cada una de las víctimas probadamente afectadas. Incluso fuera de nuestras fronteras.

Ni el imperio farmacéutico, ni el Estado español, ni ningún otro hubieran permitido jamás que algo así se hubiera producido, y para ello son capaces de argumentar hasta la más ridícula de las sentencias. Por tanto, Avite no se enfrentaba en tribunales únicamente a Grünenthal, como pensaba: se enfrentaba a un lobby que factura más de 1 BILLÓN de euros anuales, y contra todo un estado inmovilista en materia de responsabilidad y cuantía de las indemnizaciones por una vida humana.

No éramos David contra Goliath; se trataba de un pobre niño intentando mover una montaña como el Everest para cambiarla de posición casi hasta otro país. No nos lo iban a permitir jamás.

“Confiamos en seguir teniendo a los ciudadanos honorables de nuestro lado”

Pese a todo, pese a ser conscientes de ello, seguiremos hasta el final, agotaremos el camino judicial, y continuaremos clamando nuestros derechos en el terreno político, y en todo aquel que se nos ocurra. Confiamos en seguir teniendo a los ciudadanos honorables de nuestro lado, porque es lo único “sano” de toda esta experiencia. Gracias, de corazón, y un abrazo enorme de una persona que apenas tiene brazos para llevarlo a cabo con su cuerpo, pero que le sobra alma para intentarlo.